Marcos González, Director General de IAM Carbonzero, ha participado en la consulta pública del Proyecto de Real Decreto de fomento de los combustibles renovables 2025, presentando alegaciones con el objetivo de reforzar la coherencia, la transparencia y la eficacia de la norma. El texto propuesto supone un cambio profundo en el esquema regulatorio de los biocombustibles en la descarbonización del transporte, pasando de un sistema basado en contenido energético a otro de reducción de emisiones. Por ello, resulta crucial contar con un marco claro, previsible y alineado con los compromisos nacionales y europeos de descarbonización. Destacamos las cuestiones más relevantes de las sugerencias realizadas: 

Deficiencias en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) 

Se considera que la MAIN es insuficiente: apenas cinco párrafos para una norma de esta magnitud. El cambio de un esquema basado en contenido energético a otro de reducción porcentual de emisiones exige un estudio detallado con balances energéticos, previsiones de cumplimiento, penalizaciones y análisis de impacto económico. Es necesario un análisis económico robusto, que debería incluir: 

• Información sobre cumplimiento, incumplimientos y penalizaciones del sistema vigente (SICBIOS). 

• Previsiones de cierre 2025 y 2026, con balances energéticos y de emisiones. 

• Impacto económico agregado, comparando costes, transferencias y sanciones. 
  Sin este detalle, el nuevo esquema se convierte en una “caja negra” que genera incertidumbre entre operadores y favorece sin justificación a algunos sectores de consumo final (el transporte), frente a otros. 

Falta de coordinación con el PNIEC y visión parcial del transporte 

El Borrador del Real Decreto no se alinea adecuadamente con el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que fija un 16,3% de reducción de emisiones en transporte para 2030, con una penetración de renovables del 28%. 

Tampoco se clarifica la contribución de la electricidad renovable, el papel previsto de los RFNBOs o el uso del biometano (que debería diferenciarse del biogás). En el borrador de RD: 

• No se desglosa numéricamente el papel de la electricidad renovable ni de los RFNBOs, en términos de cómo se prevé que entren a cumplir en el objetivo de reducción de emisiones -está la obligación, pero no la previsión de que volumen se prevé alcancen – 

• No establece objetivos diferenciados para el biometano, a pesar de ser el un vector realmente útil en transporte frente a otros biocombustibles como se ha demostrado de forma práctica en los países nórdicos. 

• Plantea obligaciones hoy para el transporte y promueve una descarbonización, que para otros sectores (edificación, industria, sector terciario, usos domésticos residenciales) ni siquiera se ha esbozado, sin una adecuada justificación económica y de valor agregado para nuestra economía. 

Marcos González nos advierte que esta visión parcial puede suponer un trato desigual, desincentivando la descarbonización en ámbitos tan estratégicos como el gas natural y otras calderas fósiles en usos residenciales, industriales o comerciales. 

Claridad en la formulación de objetivos y penalizaciones 

Es necesaria una definición aritmética y no meramente sintáctica de objetivos y subobjetivos, con fórmulas completas, factores y unidades claras. Los mecanismos de flexibilidad deben estar acotados y justificados para evitar un uso excesivo que vacíe de contenido los objetivos climáticos. 

Además, es necesario: 

• Previsión de excedentes y justificación de su uso. 

• Mantenimiento de un mecanismo de penalizaciones similar al actual, que incentive el cumplimiento y permita la participación de todos los operadores. 

• Evitar retrasar la definición de este esquema a futuras órdenes ministeriales, pues ya existe experiencia previa en la Orden TED 728/2024 y los plazos son críticos para la movilización de inversiones y actuaciones de los agentes y operadores económicos. 

Subobjetivos y desarrollo del biometano 

El subobjetivo del 5,5% para 2030 agrupa biocarburantes y biogases avanzados, lo que dificulta dar visibilidad al biometano. Esta fusión dificulta: 

• Que el biometano español contribuya efectivamente a los objetivos nacionales, ya que gran parte se contabiliza hoy en otros países. 

• La planificación de productores de biometano, que necesitan certidumbre en volumen y plazos. 

La propuesta es fijar objetivos vinculantes específicos de producción de biometano, coherentes con el elevado potencial nacional y su papel en transporte, pero también en industria, edificación en general y sector doméstico residencial. 

Otras observaciones relevantes 

• Otorgamiento de liderazgos: debería valorarse no solo el volumen absoluto de renovables introducidos, sino también el porcentaje sobre el total y la reducción de emisiones. Su uso para fines de imagen debería limitarse temporalmente a un año y ampliarse a la mera publicación en la WEB del Ministerio. 

• Sistema Nacional de Verificación (SNV): carecería de sentido implantar un SNV que no cuente con aprobación de la Comisión Europea, y es un desarrollo que llega tarde. 

• Combustibles de biomasa y biometano: obligarlos a pasar por un sistema de garantías de origen supone una barrera injustificada. Estos operadores deben poder participar directamente en SICBIOS. 

• Objetivo en navegación de cabotaje: se advierte un riesgo de doble cómputo con la navegación internacional y falta de claridad respecto a su encaje con FuelEU Maritime y ETS. 

• Objetivo ferroviario: se fija por debajo del promedio sectorial sin justificación, a pesar de que afecta a un único suministrador y comprador. 

• RFNBO directo (2,5%): supera lo previsto en la Directiva RED III sin explicación, creando asimetrías competitivas y riesgos de incumplimiento por falta de infraestructura y barreras tecnológicas. Se propone la flexibilización para permitir el uso de biometano como sustituto. 

• RFNBO intermedio: debe explicitarse de forma separada en transporte y en usos industriales, y alinearse con los objetivos de neutralidad a 2035 y 2050. 

• Objetivos post-2030: se considera insuficiente mantener los actuales hasta que se aprueben nuevos. Se recomienda fijar un horizonte estable hasta al menos 2040 para dar seguridad a las inversiones. 

• Bioetanol avanzado: puede competir con la industria alcoholera nacional y requiere un mayor y más eficiente control en sostenibilidad y trazabilidad de materias primas. 

• Materias primas: el RD debería fijar límites claros desde 2027 para determinadas materias primas, junto con un análisis de reducción de emisiones. 

• Créditos de electricidad renovable: deben incorporarse una con certificación válida y deducción de pérdidas. 

• Mecanismos de flexibilidad (art. 20): se pide limitar su aplicación y establecer reglas precisas para evitar un incumplimiento global en los objetivos y subobjetivos modales sin avances reales. 

• Verificación de sostenibilidad: debería integrarse como una modificación del RD 376/2022, en lugar de fragmentarse en varios textos normativos pues se están incluyendo en el borrador del RD, cuando lo lógico es que estuviese unificado en una sola norma. 

Como reflexión final, Marcos González, considera que el Proyecto de Real Decreto presenta carencias significativas en términos de análisis económico, coordinación intersectorial y previsión regulatoria. Hay una ausencia total de objetivos claros para el biometano y de estabilidad a largo plazo lo que puede frenar el desarrollo de un sector clave para la transición energética en términos de uso final de esta energía renovable en España, que, produciéndose aquí, se empleará fuera de nuestro país para descarbonizar el consumo en otros sectores productivos. 

Para garantizar seguridad jurídica, incentivar la inversión y aprovechar el potencial nacional de los combustibles renovables, es necesario: 

• Mejorar la transparencia y el detalle de la MAIN. 

• Alinear los objetivos con el PNIEC de forma transversal con otros sectores de uso final y en línea con los compromisos europeos. 

• Definir mecanismos de penalización y flexibilidad equilibrados 

• Establecer un mandato regulatorio estable más allá de 2030. 

• Ser coherentes con la hoja de ruta del biogás y plantearse objetivos y obligaciones vinculantes de uso de nuestro biometano. 

Sólo con estas mejoras el Real Decreto podrá convertirse en una herramienta eficaz para acelerar la descarbonización del transporte y también de la economía española en su conjunto.