El Anteproyecto de Ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales de Cataluña – GENCAT – que acaba de salir a audiencia e información pública, da un paso relevante para reducir uno de los principales obstáculos al desarrollo de nuevas inversiones: la complejidad y duración de los procedimientos administrativos. La propuesta no se limita a expresar la voluntad de simplificar: introduce plazos concretos, mecanismos de coordinación y medidas específicas para las energías renovables y el biogás.
La Generalitat de Catalunya está avanzando en una reforma de la tramitación urbanística y ambiental que parte de un diagnóstico claro. La propia memoria preliminar identifica procedimientos «excesivamente lentos y complejos», trámites sucesivos que podrían realizarse de manera concurrente y una multiplicidad de informes sectoriales que no siempre aportan valor añadido. Reconoce, además, que estas demoras generan costes de oportunidad y pueden desincentivar la inversión.
La propuesta busca, por tanto, agilizar y coordinar los procedimientos urbanísticos, ambientales y sectoriales, reducir duplicidades y reforzar la colaboración entre Administración, entidades colaboradoras y profesionales acreditados.
Un planteamiento especialmente relevante para las energías renovables y, también, para el desarrollo del biogás y el biometano.
De la voluntad de simplificar a los plazos concretos
Uno de los elementos más interesantes de la propuesta es que la simplificación comienza a traducirse en plazos administrativos definidos. Según el análisis realizado por APPA Renovables, para la autorización de parques eólicos y plantas fotovoltaicas la modificación del Decreto ley 16/2019 plantea:
- 1 mes para comprobar que la documentación presentada está completa.
- 30 días de información pública.
- 1 mes para la emisión de informes de administraciones, organismos y empresas de servicios públicos.
- 3 meses para formular la declaración o informe de impacto ambiental desde la recepción del expediente completo.
- 1 mes para la aprobación urbanística posterior a la evaluación ambiental.
Además, se establece una audiencia previa al promotor de diez días hábiles sobre la propuesta de declaración de impacto ambiental. No todos estos plazos son directamente trasladables a una planta de biometano, cuya tramitación y características ambientales son diferentes. Pero la filosofía regulatoria sí resulta plenamente aplicable: procedimientos coordinados, fases definidas y plazos administrativos previsibles.
Una revisión unificada para evitar que el procedimiento vuelva a empezar
Hay otro elemento que puede resultar incluso más importante que la reducción formal de los plazos: la obligación de concentrar en una única petición la revisión o subsanación de la documentación de cada proyecto.
En procedimientos complejos, una parte relevante de las demoras puede producirse cuando los requerimientos de información se realizan sucesivamente. Cada nueva petición de documentación puede detener o prolongar el expediente y dificultar la previsibilidad del calendario. Unificar esa revisión obliga a realizar un análisis más coordinado del proyecto y permite al promotor responder de manera conjunta. La medida encaja directamente con el diagnóstico realizado por la propia Generalitat, que identifica como problemas la sucesión de trámites y la multiplicidad de informes sectoriales.
Simplificar no consiste únicamente en reducir trámites. También significa evitar que un mismo expediente tenga que superar sucesivas revisiones administrativas cuando estas pueden realizarse de forma coordinada.
El biogás también incorpora avances concretos
La reforma contiene además medidas específicamente relevantes para nuestro sector. Según el análisis de APPA Renovables, el Anteproyecto contempla la consideración como servicios técnicos de las plantas de biogás de hasta 100.000 toneladas anuales de residuos no peligrosos y la admisión en suelo no urbanizable de plantas que traten exclusivamente deyecciones ganaderas y otros materiales orgánicos agrarios.
También se modifica el régimen relativo al plan de gestión agraria para instalaciones que tratan deyecciones ganaderas.
Son medidas relevantes porque una parte importante de los proyectos de biogás y biometano están necesariamente vinculados al territorio rural y a la proximidad de las materias orgánicas que valorizan. De hecho, la propia memoria preliminar reconoce la necesidad de adaptar los instrumentos urbanísticos a las particularidades de los municipios rurales mediante fórmulas más flexibles y proporcionadas a su realidad socioeconómica.
El biometano ya está expresamente dentro del debate
El proceso de consulta pública incorpora además una señal especialmente positiva.Desde el sector se ha propuesto que Cataluña adopte para las plantas de biogás y biometano un modelo similar al existente en Aragón: integrar dentro del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada la evaluación ambiental y la intervención urbanística necesaria para instalaciones en suelo no urbanizable y avanzar hacia una ventanilla única que centralice la documentación urbanística y los restantes requisitos sectoriales.
La respuesta de la Generalitat es significativa: la propuesta será valorada expresamente para simplificar los trámites urbanísticos y ambientales de las plantas de biogás y biometano. También se ha planteado integrar en el proyecto principal los procedimientos urbanísticos y ambientales asociados a las infraestructuras necesarias para conectar las plantas de gases renovables con las redes de transporte y distribución. La Generalitat comparte la necesidad de integrar trámites y simplificar determinados procedimientos.
Por tanto, el debate ya no es si el biometano debe formar parte de la simplificación administrativa, sino hasta dónde puede llegar esa simplificación manteniendo todas las garantías.
Simplificar no significa reducir las garantías
La futura regulación plantea adecuar la intensidad del control administrativo al riesgo real de cada actividad, reducir trámites innecesarios, mejorar la coordinación y establecer procedimientos más claros y predecibles. Pero la Generalitat también deja claro que la reforma no pretende rebajar los estándares ambientales ni excluir de evaluación ambiental aquellos proyectos que deban someterse a ella.
Este equilibrio entre agilidad administrativa y rigor ambiental es precisamente el que necesita el biometano. No se trata de eliminar controles. Se trata de evitar duplicidades, coordinar administraciones, concentrar requerimientos y establecer plazos que permitan saber cuándo puede razonablemente resolverse un expediente.
El siguiente paso: trasladar esta previsibilidad al biometano
Desde IAM Carbonzero consideramos que Cataluña está avanzando en la dirección adecuada. El Anteproyecto introduce medidas concretas para el biogás, al mismo tiempo, desarrolla para otras tecnologías renovables un modelo administrativo basado en plazos definidos, coordinación, tramitación simultánea y revisión documental unificada. El siguiente paso debería ser trasladar progresivamente esa misma lógica al conjunto de los proyectos de biogás y biometano, adaptándola a sus características específicas.
Esta necesidad coincide, además, con una de las principales reivindicaciones del sector. APPA Biogás viene reclamando una ventanilla única, procedimientos más sencillos y un marco regulatorio estable y homogéneo; su presidente ha señalado que la tramitación de un proyecto de biometano puede prolongarse actualmente entre tres y cinco años. (APPA Renovables).
El objetivo debería ser, por tanto, procedimientos urbanísticos y ambientales coordinados, tramitación concurrente cuando sea posible, una ventanilla administrativa efectiva, una única revisión documental, plazos previsibles y una mejor integración de las infraestructuras de conexión. Todo ello sin reducir las garantías ambientales ni el control público.
Cataluña tiene ahora la oportunidad de convertir la simplificación administrativa en una verdadera herramienta de política energética y territorial.
Simplificar no es exigir menos. Es conseguir que lo necesario se tramite una sola vez, de forma coordinada y dentro de plazos previsibles.
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