Hoy, 31 de agosto, se acaba el “verano laboral”, más o menos, y seguramente ya nos vamos incorporando todos a nuestras labores habituales. Hemos querido hacer una reflexión sobre la intensa actividad del verano. Mientras el calendario decía vacaciones, el marco normativo del biometano en España ha vivido uno de sus tramos más activos hasta la fecha. Entre junio y agosto de 2026 se han movido en paralelo tres piezas que, juntas, dibujan hacia dónde va el sector en los próximos años: una propuesta de regulación nacional que por primera vez fija objetivos obligatorios de biometano, un decreto autonómico que intenta poner reglas de convivencia entre plantas y municipios, y una batería de propuestas del propio sector para que el digestato deje de tratarse como un residuo y empiece a reconocerse como lo que puede ser: un fertilizante renovable o biofertilizante.
Ninguna de las tres está cerrada. Conviene tenerlo presente antes de sacar conclusiones: son procesos en tramitación, con distintos grados de avance, y su contenido final lo iremos viendo en los próximos meses, pero nos sirve como reflexión conjunta.
- La pieza nacional: cuotas obligatorias de biometano
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) sometió a audiencia pública, entre el 22 de mayo y el 11 de junio de 2026, el proyecto de Real Decreto de impulso del biometano. Es la primera vez que se plantea en España una obligación de cuota: comercializadoras y consumidores directos de gas natural tendrían que acreditar un porcentaje creciente de biometano en sus ventas, empezando por un 0,5% en 2028 hasta llegar al 6% en 2035 (unos 10 TWh, según las estimaciones del propio Ministerio). Quedarían exentos los ciclos combinados, los territorios insulares, el transporte y la cogeneración, y el incumplimiento se plantea como infracción muy grave.
El proyecto incluye también un futuro «sello de excelencia» para las plantas que entren en operación a partir de ahora, que debería acreditar su desempeño social, territorial y ambiental, y medidas para facilitar la conexión de las plantas a la red (líneas de inyección, equipos de flujo inverso).
Vale la pena un apunte de contexto: la senda de cuotas (6% en 2035) es más conservadora que el objetivo de biogás que recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (20 TWh en 2030). Son magnitudes y horizontes distintos y no directamente comparables, pero conviene no presentar la cuota como si fuera, por sí sola, la medida del potencial del sector: es un suelo regulatorio, no un techo de mercado. (un análisis previo LINK de este blog)
- La aplicación regional: el decreto de Castilla-La Mancha
En paralelo, Castilla-La Mancha —una de las comunidades con mayor despliegue de plantas— sometió a información pública (hasta el 24 de agosto) un decreto propio para ordenar dónde y cómo pueden instalarse. El borrador combina objetivos compartidos por el sector, como reducir la contaminación difusa del suelo o sustituir fertilizantes minerales, con restricciones que han generado un gran debate: distancias mínimas respecto a suelo urbano y ganadería, y un mecanismo que en la práctica parece que otorga capacidad de veto a los ayuntamientos en determinados casos.
La normativa EU, nacional y lo que hacen las diferentes Comunidades autónomas, sigue siendo un gran lio. Las competencias son las que son, pero lejos de la normalización y la simplificación a nivel nacional, las comunidades han emprendido un camino más político que buscando el desarrollo del sector con la agilidad que requiere el momento.
Aquí no todo son elogios ni todo son objeciones legítimas: hay plataformas ciudadanas que han pedido directamente la nulidad del decreto, y voces del propio sector que lo consideran incompleto en su redacción actual. Es exactamente el tipo de fricción que conviene anticipar en cualquier proyecto: la aceptación social no se gana con el decreto, se construye antes, con información verificable y diálogo con el territorio. En esto las administraciones deben hacer labor de sensibilización e información de lo garantista de sus procesos.
- Lo que pide el sector: que el digestato deje de ser «residuo» sobre el papel
El tercer frente no viene de una administración, sino del propio sector. De cara al Plan Estatal de Fertilizantes que prepara el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que esta pendiente de cierre del plazo en los primeros días de septiembre. El centro de todo es que el Digerido sea considerado dentro de la gama de Biofertilizantes de forma directa, reconociendo el papel estratégico de los productos fertilizantes renovables obtenidos a partir del Biometano, para sustituir y/o complementar el uso de fertilizantes de origen fósil.
Aportamos algunas sugerencias que nos parecen esenciales:
- Un marco normativo estable que incentive el uso de fertilizantes obtenidos del digestato (con mecanismos de apoyo similares a los de la PAC).
- Estándares técnicos y analíticos comunes en todo el territorio nacional.
- Un sistema nacional de certificación de calidad —tomando como referencia el ECN-QAS europeo—, por ejemplo.
- Una red pública de ensayos agronómicos coordinada entre el MAPA, las comunidades autónomas y el CSIC, que sirve de referencia válida a los agricultores o agroganaderos.
- Una metodología oficial que cuantifique el valor ambiental y agronómico de estos productos.
El argumento de fondo es sencillo y también económico: en cultivos de secano como el cereal, por ejemplo, que es el más extendido en nuestro país, y que trabaja con márgenes muy bajos, disponer de digerido de proximidad y a bajo coste puede suponer una mejora real de rentabilidad para el agricultor. Pero para que eso ocurra, el digerido tiene que poder tratarse jurídicamente como biofertilizante y no como residuo, y hoy esa frontera regulatoria sigue sin resolverse.
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Tres velocidades, un mismo debate
Regulación nacional que marca el rumbo, comunidades autónomas que tienen que traducirlo en normas de convivencia local, y un sector que pide que la parte final del proceso —qué se hace con lo que sale de la planta— tenga tanto peso normativo como la que produce el biometano. Los tres procesos siguen abiertos. Seguiremos su tramitación y veremos donde llegamos.
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