La transición energética también se juega en los plazos administrativos.
Europa dispone de tecnologías maduras, capital interesado en invertir y proyectos capaces de reducir emisiones, mejorar la seguridad energética y generar actividad económica en el territorio. Sin embargo, una parte importante de estas inversiones sigue encontrándose con procedimientos de autorización excesivamente largos, fragmentados y difíciles de predecir.
La propia Comisión Europea reconoce ya que la lentitud y la complejidad de la concesión de autorizaciones constituyen uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las energías renovables y de las infraestructuras necesarias para integrarlas en el sistema energético.
Está en la mesa la Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RED II Mercados interiores de electricidad y gas por la que se modifican las Directivas (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944 y (UE) 2024/1788 en lo que respecta a la aceleración de los procedimientos de concesión de autorizaciones. Los datos incluidos en la propuesta europea son suficientemente reveladores: las redes de transporte de electricidad tardan aproximadamente diez años en completarse y la concesión de autorizaciones representa más de la mitad de ese periodo. Los proyectos de energías renovables pueden tardar hasta nueve años en obtener sus permisos y las instalaciones de almacenamiento, entre uno y siete años. Además, el 78 % de los participantes en la consulta pública europea clasificó la concesión de autorizaciones como el principal obstáculo para garantizar que las infraestructuras de red se desarrollen al ritmo que requiere la transición energética.
No estamos, por tanto, ante un problema puntual ni exclusivo de un país. Se trata de una debilidad estructural del modelo europeo de despliegue energético.
Europa identifica las causas del retraso
La Comisión señala con claridad los factores que están detrás de estos plazos:
- la incoherencia de los sistemas administrativos, la intervención de múltiples autoridades
- la falta de personal y recursos en los organismos responsables
- la duración de las evaluaciones ambientales,
- la limitada digitalización y disponibilidad de datos
- la falta de aceptación pública y la acumulación de recursos administrativos y judiciales.
Las evaluaciones ambientales son precisamente una de las fases más expuestas a los retrasos. La duración media de una evaluación de impacto ambiental para proyectos de carácter general se sitúa, según la documentación de la propuesta, en torno a 20,6 meses. A ello se suman las incertidumbres derivadas de la falta de normas claras cuando entran en conflicto distintos intereses públicos, lo que puede prolongar los procedimientos y aumentar la litigiosidad.
La Comisión también reconoce que muchos proyectos necesitan obtener autorizaciones de diferentes administraciones, de forma paralela o sucesiva, sin que existan mecanismos eficaces de coordinación entre ellas. Esta fragmentación genera confusión, duplicidades e ineficiencias y acaba por dificultar incluso el cumplimiento de los plazos legales.
El problema no es, por tanto, únicamente la duración formal de cada procedimiento. Es la ausencia de un calendario global, de una autoridad que coordine el conjunto del expediente y de una visión integrada de todas las infraestructuras que el proyecto necesita para funcionar.
Las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes
La Directiva revisada sobre fuentes de energía renovables introdujo avances importantes:
- la presunción de que el desarrollo de las energías renovables reviste un interés público superior,
- la designación de zonas de aceleración,
- la simplificación de determinados procedimientos y la posibilidad de aplicar algunas flexibilidades ambientales cuando se hayan adoptado las medidas de protección y mitigación necesarias.
Estas medidas han producido resultados positivos allí donde se han aplicado con determinación. La propia Comisión destaca el caso de Alemania, que ha utilizado ampliamente las medidas europeas de aceleración. En 2024, el país autorizó aproximadamente entre 14 y 15 GW adicionales de energía eólica terrestre, un 85 % más que el año anterior y una cifra cercana al conjunto de la nueva capacidad eólica instalada en Europa durante ese ejercicio.
Sin embargo, los cuellos de botella persisten. El marco europeo anterior no abordó plenamente la lentitud de las autorizaciones para las redes, las instalaciones de almacenamiento o las estaciones de recarga. Tampoco resolvió suficientemente la limitada digitalización de los procedimientos, la falta de recursos de las administraciones, la coordinación entre autoridades o los problemas relacionados con la participación pública y la aceptación social.
Por este motivo, la Comisión presentó en diciembre de 2025 una nueva propuesta de Directiva para acelerar los procedimientos de autorización, mediante la modificación de la Directiva de Energías Renovables, la Directiva sobre el mercado de la electricidad y la Directiva sobre los mercados interiores del gas renovable, el gas natural y el hidrógeno. La propuesta forma parte del Paquete Europeo de Redes y continúa, a julio de 2026, dentro del procedimiento legislativo ordinario.
No basta con acelerar la planta: hay que autorizar toda la cadena
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que reconoce que el problema de las autorizaciones no puede abordarse únicamente desde la perspectiva de las instalaciones de producción. La transición energética necesita procedimientos capaces de comprender la totalidad del proyecto: la planta, su conexión, las conducciones, los puntos de inyección, las infraestructuras de almacenamiento y las redes de transporte y distribución.
La propuesta europea pretende actuar sobre los cuellos de botella que afectan tanto a los proyectos de energías renovables como a las redes eléctricas y gasistas, las instalaciones de almacenamiento y las estaciones de recarga. Entre sus objetivos se encuentran la reducción de plazos, la prevención de retrasos, una mayor flexibilidad específica en la aplicación de determinadas normas ambientales y la creación de un régimen europeo de autorización para las redes eléctricas inspirado en el enfoque ya establecido para los activos de gas e hidrógeno.
El artículo 8 de la Directiva (UE) 2024/1788 ya exige que los Estados miembros establezcan criterios objetivos, no discriminatorios y procedimientos transparentes para autorizar instalaciones, infraestructuras, gasoductos y equipos asociados de gas e hidrógeno.
La nueva propuesta pretende reforzar ese modelo incorporando medidas como la disponibilidad de recursos adecuados en las autoridades nacionales, la tramitación a través de plataformas digitales, plazos para que las administraciones soliciten información adicional y, en determinados momentos intermedios del procedimiento, mecanismos de aprobación tácita.
El Consejo de la Unión Europea respaldó el 26 de junio de 2026 la necesidad de procedimientos más rápidos y transparentes, portales digitales para simplificar las solicitudes, la consideración prioritaria de los proyectos renovables y la posibilidad de que los Estados miembros introduzcan aprobación tácita en determinadas fases intermedias cuando la autoridad competente no responda.
El biometano evidencia la necesidad de una visión integrada
Esta aproximación resulta especialmente relevante para el biometano. La autorización de una planta es solo una parte del proceso. Para que el proyecto pueda entrar realmente en funcionamiento, también deben tramitarse:
- la conexión a la red gasista,
- la construcción de las conducciones, el punto de inyección, las instalaciones de compresión y medida
- las ocupaciones de terrenos, los cruces de infraestructuras y, cuando corresponda, las modificaciones o ampliaciones de la red.
Cada uno de estos elementos puede depender de organismos diferentes, someterse a procedimientos distintos y avanzar conforme a calendarios que no siempre están coordinados.
Por eso, acelerar exclusivamente la autorización de la instalación de producción no resuelve el problema. Una planta autorizada que no puede acceder a la red en plazos compatibles con la inversión continúa siendo un proyecto bloqueado.
Esta visión europea contrasta con la realidad de numerosos proyectos de biometano en España, donde la tramitación ambiental, urbanística, energética y gasista sigue distribuyéndose entre diferentes administraciones, unidades y gestores, sin una ventanilla única efectiva ni un calendario global vinculante para el conjunto del proyecto.
El resultado es una pérdida de tiempo, competitividad y capacidad inversora. También genera incertidumbre para los promotores, las entidades financieras, los proveedores, los ganaderos, los agricultores y los municipios que participan en los proyectos.
España no debería esperar a la aprobación definitiva de la Directiva
Desde IAM Carbonzero consideramos que España no debería esperar a que concluya todo el procedimiento legislativo europeo para comenzar a aplicar la lógica que inspira esta propuesta.
Europa ya ha identificado el problema y las principales soluciones. Muchas de ellas pueden impulsarse desde ahora mediante cambios organizativos, administrativos y regulatorios nacionales, respetando plenamente las garantías ambientales y la participación pública.
Acelerar no significa reducir el rigor de las evaluaciones ni rebajar los niveles de protección. Significa eliminar duplicidades, coordinar organismos, dotar de recursos suficientes a las administraciones, establecer reglas claras y evitar que un expediente permanezca paralizado por falta de respuesta o por una distribución ineficiente de competencias. España debería avanzar, al menos, en cinco medidas:
- Una ventanilla única efectiva para los gases renovables
Los proyectos deberían contar con una autoridad o unidad responsable de coordinar todas las autorizaciones necesarias, desde la instalación de producción hasta la conexión e inyección en la red. La ventanilla única no puede limitarse a recibir documentación. Debe realizar un seguimiento activo del expediente, coordinar a las diferentes administraciones y garantizar que los procedimientos avanzan de manera paralela siempre que sea posible.
- Un calendario global, vinculante y transparente
Además de los plazos correspondientes a cada autorización, debe existir un calendario completo del proyecto, accesible para el promotor y para todas las autoridades implicadas. La solicitud de documentación adicional debería producirse dentro de plazos definidos, de forma motivada y evitando peticiones sucesivas que reinicien o prolonguen indefinidamente la tramitación.
- Tramitación integrada de la planta y de su conexión
La instalación de producción y las infraestructuras necesarias para transportar e inyectar el biometano deberían evaluarse como partes de un mismo proyecto energético. No tiene sentido que la planta y su conexión avancen mediante procedimientos completamente independientes cuando una no puede funcionar sin la otra.
- Digitalización completa e interoperabilidad administrativa
La propuesta europea apuesta por portales digitales capaces de gestionar los procedimientos de autorización. España debe avanzar hacia un expediente electrónico único que permita compartir la documentación entre administraciones y evite que el promotor tenga que aportar repetidamente la misma información.
La digitalización debe servir también para conocer el estado real del procedimiento, identificar los organismos responsables y controlar el cumplimiento de los plazos.
- Más recursos y especialización en las administraciones
La propia Comisión identifica la falta de personal y de capacidad técnica como una de las causas principales de los retrasos. La simplificación normativa no será suficiente si las unidades responsables de evaluar los proyectos no disponen de los recursos y conocimientos necesarios. Es imprescindible reforzar los equipos, mejorar su especialización y establecer mecanismos de colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Acelerar con garantías
Europa está modificando su regulación porque ha entendido que la transición energética no puede avanzar con procedimientos diseñados para otro contexto y otra velocidad de inversión.
España dispone de recursos agroganaderos, infraestructura gasista, capacidad tecnológica, tejido industrial e inversores interesados en desarrollar el biometano. Pero esta oportunidad no se materializará si los proyectos necesitan varios años para completar una sucesión de autorizaciones fragmentadas y escasamente coordinadas.
La regulación debe garantizar la protección ambiental, la seguridad jurídica y la participación de los territorios. Pero también debe ser capaz de proporcionar respuestas dentro de plazos compatibles con la urgencia energética, climática y económica.
La conclusión es sencilla: no basta con fijar objetivos de producción de gases renovables. Es necesario crear las condiciones administrativas que permitan alcanzarlos. Europa ya ha señalado el camino. España debe empezar a recorrerlo sin esperar.
Cada mes de retraso administrativo no solo aplaza la producción de energía renovable; también retrasa inversiones, empleo, competitividad y oportunidades para el medio rural. La simplificación administrativa ya no es únicamente una cuestión de eficiencia: se ha convertido en una política energética y de competitividad.
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