La transición energética también se juega en los plazos.
Llevamos muchos meses escuchando cómo el Real Decreto-ley 18/2026 incorpora un paso novedoso para el desarrollo de las energías renovables, especialmente a las eléctricas, el almacenamiento y el el biometano: la puesta en marcha del Sello de Excelencia, un instrumento llamado a reconocer los proyectos que aportan un mayor valor ambiental, social y territorial.
Desde IAM Carbonzero creemos que disponer de un sistema objetivo, transparente y basado en indicadores es una buena noticia. La excelencia debe medirse con criterios rigurosos y verificables.
Sin embargo, la reciente decisión de licitar a una entidad especializada el desarrollo metodológico de este sello supone, previsiblemente, un nuevo proceso de diseño, validación e implantación antes de que pueda entrar en funcionamiento.
«Cada fase aporta garantías. Pero cada fase también añade tiempo. Si queremos acelerar el biometano, la regulación debe ser tan ágil como la transición energética que persigue.»
Y aquí surge nuestra reflexión: España necesita acelerar la producción de biometano para reducir emisiones, reforzar su autonomía energética y generar actividad económica en el medio rural. El propio marco regulatorio de la UE y España reconoce esa urgencia. Sin embargo, cada nueva fase administrativa añade meses al calendario.
Mientras tanto:
- Siguen sin ponerse en marcha proyectos preparados para construir;
- Se retrasan inversiones, empleo y oportunidades para el territorio;
- Continúa creciendo el problema de la contaminación por nitratos y la dependencia de origen fósil de los fertilizantes y nuestro sistema energético del gas fósil;
y todo esto pospone la contribución del biometano a los objetivos de descarbonización.
No se trata de reducir el nivel de exigencia, todo lo contrario. Se trata de que las herramientas que la propia regulación considera estratégicas estén disponibles en tiempos compatibles con la urgencia de la transición energética y de las necesidades del mercado.
El sector lleva muchos meses respondiendo consultas públicas, aportando propuestas técnicas y colaborando con la Administración para construir un marco regulatorio sólido. Ahora toca transformar ese trabajo en instrumentos plenamente operativos. El mayor reto ya no es diseñar nuevas herramientas. Es conseguir que lleguen a tiempo para que las plantas, en España, puedan producir cuanto antes.
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