El nuevo Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, introduce un cambio relevante en el marco eléctrico español: la caducidad de los derechos de acceso y conexión para instalaciones que no se desarrollen en los plazos previstos.
Esta medida, que modifica el Real Decreto 1183/2020, tiene un objetivo claro: liberar capacidad en la red eléctrica y optimizar el uso de las infraestructuras existentes, permitiendo que nuevos proyectos de desarrollo económico —especialmente en entornos rurales y semiurbanos— puedan acceder a la red.

En la práctica, el texto establece que los permisos de acceso y conexión caducarán a los cinco años si la instalación no ha obtenido la autorización de explotación definitiva. Esta caducidad no solo afecta a la generación, sino también a demandas y proyectos de almacenamiento, impulsando una rotación más dinámica de la capacidad y evitando bloqueos administrativos. En paralelo se activa también la caducidad de los derechos no utilizados, en el caso de instalaciones, usuarios y consumidores ya existentes, lo cual también contribuirá a la liberación de capacidad y promoción de nuevas actividades.

Además, el Real Decreto fija una obligación de presentar y validar las garantías económicas antes de iniciar el procedimiento de acceso, reforzando la seriedad de las solicitudes y reduciendo el número de proyectos especulativos. Para las nuevas demandas eléctricas, se establecen garantías de 40 €/KW solicitado (20 €/KW en el caso de almacenamiento en demanda + 40 €/KW en generación) y se define un plazo máximo de tres meses para su validación por parte del órgano competente.

🌱¿Por qué esto importa para el desarrollo del medio rural?

En muchas zonas rurales, la falta de capacidad eléctrica ha sido un cuello de botella que ha frenado inversiones productivas, desde proyectos agroindustriales y energéticos, hasta iniciativas de reindustrialización verde e incluso de promoción inmobiliaria.

Esta modificación normativa abre un horizonte —aun con plazos largos, de tres a cinco años— para que esa capacidad pueda liberarse y reasignarse a nuevos proyectos que generen empleo, innovación y desarrollo local.

Como recuerda APPA Renovables, “esta medida deberá coordinarse con el futuro Real Decreto sobre los planes de inversión en las redes de transporte y distribución, que permitirá incorporar a la planificación eléctrica las necesidades reales de cada territorio. De este modo, se inicia un proceso en el que industria, municipios y potenciales consumidores podrán manifestar su interés o necesidad de conexión, favoreciendo que las inversiones en red se orienten hacia donde más se necesitan.”

Una visión de futuro: red, territorio y transición energética

La exposición de motivos del propio Real Decreto lo deja claro: el incremento en las solicitudes de conexión —tanto de nueva generación renovable como de nuevas demandas de consumo— ha saturado el sistema eléctrico actual.
El refuerzo de la red y su interacción con la sociedad y el tejido productivo se vuelve esencial para garantizar una transición energética equilibrada.

En palabras de nuestro Director General José Marcos González Conejero, “vemos en esta normativa un paso adelante hacia una planificación eléctrica más eficiente, abierta y territorializada, que puede acelerar el despliegue de soluciones circulares como el biometano y otros vectores de energía sostenible.

Liberar capacidad eléctrica no solo es una cuestión técnica; es una oportunidad para que el medio rural recupere protagonismo en la transición energética, transformando lo que antes eran límites en nuevas posibilidades de desarrollo.”

🔋 Liberar capacidad eléctrica no es solo una cuestión técnica: es abrir camino al futuro energético del territorio.

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