El pasado 16 de octubre, IAM carbonzero participó en El Ejido (Almería) en la jornada «Del residuo al recurso» , coorganizada por el Grupo SACH, la Universidad de Almería, la Cátedra Cajamar de Bioeconomía y la Fundación Cajamar, que congregó a autoridades, investigadores y agentes del sector agroalimentario.
La jornada sirvió para mostrar los resultados del proyecto europeo MIX-MATTERS y sus posibilidades para avanzar hacia una gestión más sostenible e integral de los residuos agrícolas. Nuestro Director General, José Marcos González Conejero, participó en la mesa redonda sobre valorización de biomasa agrícola y regulación, que reunió a perfiles muy distintos de la cadena de valor: el Clúster Andaluz de Bioeconomía, la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, COEXPHAL, la Universidad de Almería y su spin-off Revalora Biotech, e IAM carbonzero. La pregunta de partida era concreta
¿Qué impide que la valorización de la biomasa agrícola pase del laboratorio al mercado en un territorio como el de Almería?
Materia prima, aunque la norma diga residuo
José Marcos partió de un punto de acuerdo con el resto de la mesa: muchos de los materiales que genera la agricultura almeriense funcionan, en la práctica, como materias primas. Jurídicamente, sin embargo, siguen siendo residuos.
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, permite declarar determinados materiales como subproductos cuando cumplen una serie de condiciones. En España esa vía se ha utilizado muy poco . En otros países europeos el reconocimiento de estos materiales está mucho más asumido. «Eso que en Europa está mucho más interiorizado, en nuestro país está costando muchísimo», señaló.
Una actividad industrial que necesita soluciones industriales
El segundo mensaje fue de escala. José Marcos describió la agricultura intensiva de Almería como una actividad plenamente industrial, en un territorio muy ocupado, y defendió que la gestión de sus subproductos debe dimensionarse en consecuencia.
Para él, el gran problema hoy es la implantación de soluciones en el territorio. Con la densidad actual de explotaciones e instalaciones, encontrar ubicaciones viables para infraestructuras capaces de tratar los volúmenes que genera la provincia resulta muy difícil.
Un modelo económico que todavía no cierra
José Marcos explicó que, dentro de lo que permite la legislación, el compostaje es hoy la opción económicamente óptima, y que por eso es lo que se hace. Otras vías tropiezan con un modelo económico que no termina de cerrar o con obstáculos normativos.
La alimentación animal tiene poco recorrido en Almería por la escasa presencia de grandes explotaciones ganaderas, lo que encarece la logística. Otras alternativas, como la pirólisis, encuentran dificultades derivadas de la clasificación del material como residuo. El biometano está ganando interés porque el sector tendrá que evolucionar desde modelos apoyados en la retribución eléctrica hacia otros en los que la gestión de estas materias tenga su propio valor económico. Su conclusión fue que el potencial existe, pero exige mucho trabajo y mucha pedagogía a todos los niveles, no solo en el sector productor.
España sí sabe hacer digestión anaerobia
Ante la pregunta sobre qué cambios normativos facilitarían la valorización, José Marcos describió un parón generalizado en el desarrollo del biogás y el biometano en España. A su juicio, no es un problema andaluz, sino nacional. Insistió en que la falta de cultura sobre esta tecnología es solo aparente. España tiene una experiencia consolidada en digestión anaerobia en las depuradoras de aguas residuales con más de 134 plantas activas. Esas plantas llevan años produciendo energía, y el uso agrícola de sus lodos cuenta con un marco nacional propio, el Real Decreto 1310/1990. Esa experiencia, sostuvo, no se está trasladando al biometano.
El digerido como enmienda orgánica
José Marcos se refirió a una evaluación publicada recientemente sobre el uso del digerido en el campo como enmienda orgánica con valor fertilizante. Según explicó, los datos muestran que España va muy por detrás de otros países europeos en fertilización orgánica. Se refirió al informe Digestate in Europe: the state of play in 2026, de la European Biogas Association. Según este estudio, Alemania produce más del 30 % del digerido europeo, mientras que España no figura entre los principales productores. El informe señala que una de las principales barreras es que el digerido se siga tratando a menudo como un residuo. Señaló además que la legislación permite categorizar como subproducto materiales que la Directiva de residuos considera residuos, y que países como Italia, Francia, Dinamarca o Alemania lo han hecho. A su juicio, una de las peticiones prioritarias a la administración es mirar la referencia de otros paises en la UE.
Contratos estables y valor para toda la cadena
José Marcos recordó que cualquier infraestructura de valorización, se llame biohub o de otra manera, implica una inversión, y que el inversor, igual que el agricultor, necesita recuperar lo que pone. En un sistema en el que el pequeño productor decide el destino de sus restos, asegurar contractualmente el suministro es crítico para garantizar después la calidad y la continuidad del producto.
«Todo esto funciona si al final toda la cadena de valor, y el primero es el agricultor, tiene su beneficio», resumió.
Complejidad normativa y seguridad jurídica
José Marcos ilustró la complejidad regulatoria con un dato: solo el resumen de la normativa que hay que estudiar para saber si un material puede usarse como componente de una enmienda o un fertilizante ocupa 135 páginas. Coincidió con el resto de la mesa en que la seguridad jurídica es una condición de partida para invertir. Advirtió también de la incertidumbre que genera que autorizaciones ambientales ya concedidas puedan revisarse más adelante con criterios difíciles de anticipar para el promotor, una situación que, según explicó, se está produciendo en distintos puntos de España.
Decidir de forma colaborativa
En su última intervención, José Marcos planteó como referencia a algunas comunidades autónomas que evalúan los proyectos mediante ponencias técnicas en las que participan todas las consejerías implicadas. En ese formato, los técnicos de la administración pueden debatir entre sí las soluciones y los diseños que plantean los promotores, en lugar de que la decisión recaiga sólo en el ámbito de la evaluación ambiental. Presentó ese modelo como un reto general de la administración, aplicable a cualquier actividad sujeta a autorización ambiental integrada, y no solo a la gestión de residuos.
Otras miradas sobre el mismo problema
Clúster Andaluz de Bioeconomía. José Ramón Fernández , de Grupo La Caña, presentó el Clúster, constituido a finales de 2025 con el impulso de la Consejería de Agricultura y que ya suma unos 30 asociados. Su objetivo es servir de punto de encuentro entre empresas, investigación y administraciones, facilitar consorcios para acceder a financiación europea y reforzar la interlocución del sector. Destacó como barreras el coste de estabilizar subproductos muy perecederos, la falta de capacidad en la red eléctrica para conectar nuevos proyectos y la dificultad de abrir mercados para los nuevos bioproductos. Propuso crear mesas técnicas mixtas entre administración y empresas que trabajen sobre casos concretos.
Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas. Alicia González defendió un enfoque en cascada: extraer primero los compuestos de mayor valor, sobre todo de los frutos no comerciales, y dejar el compostaje o la energía para el final, de modo que lo obtenido vuelva al campo como fertilizante, bioestimulante o materia orgánica. A su juicio, el reto es más organizativo que tecnológico. Propuso caracterizar cada subproducto y asegurar su trazabilidad, incluso vinculándola al cuaderno de campo, para que la administración disponga de una base técnica clara sobre qué es residuo y qué es materia prima.
Universidad de Almería y Revalora Biotech. Juan Castilla Archilla estimó que Almería genera entre 1,2 y 1,5 millones de toneladas anuales de materia húmeda, con alrededor del 70 % concentrado en cinco meses. Propuso pasar del compostaje como destino general a centros de clasificación que dirijan cada fracción a su mejor uso, y crear en Almería un centro demostrativo a escala preindustrial. Advirtió también de que la indefinición administrativa frena proyectos: «No tomar una decisión sigue siendo un problema».
COEXPHAL. Luis Miguel Fernández, su gerente, insistió en que cualquier sistema de valorización no puede suponer un coste para el agricultor, cansado de que cada mejora en sostenibilidad recaiga sobre sus costes. Señaló la formación de los agricultores, el riesgo fitosanitario en el transporte y la falta de suelo en el Poniente como cuestiones prácticas a resolver, y pidió a las administraciones simplificar la normativa y reducir la burocracia.
Lo que nos llevamos
Desde perspectivas distintas, los ponentes llegaron a conclusiones muy parecidas. Almería tiene volumen de biomasa, capacidad técnica, centros tecnológicos y agricultores dispuestos a innovar. La tecnología existe. Lo que falta es un marco que reconozca como recurso lo que ya funciona como tal, una administración que decida de forma coordinada y con reglas estables, y una cadena de valor en la que el agricultor gane.
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